Editorial/Opinión por Mario San Martín

A menos de tres  meses del recambio del gobierno municipal, el actual continúa con la implementación de medidas. Sus atribuciones así lo permiten hasta el último día, pero sin dudas que algunas de ellas son un compromiso más hacia futuro que para este presente.

La confección de listas de nuevos nombramientos, recategorizaciones a empleados, el estado de precarización de algunas unidades móviles y maquinarias, faltantes de herramientas necesarias o falta de reposición de las mismas, el manejo demorado de la pre adjudicación de terrenos, son solo algunos de los temas a los que el nuevo gobierno deberá enfrentar.

A todo ello, se suma la negativa constante de acordar  un mecanismo de transición solicitado por las autoridades electas, que propusieron de manera oficial, mediante la presentación de proyecto de ordenanza y que quedó estancada por el oficialismo en el seno del Concejo Deliberante.

Ahora, para sorpresa de pocos, el actual Intendente envió el proyecto de ordenanza por la que se regula el funcionamiento, competencia y estructura orgánica de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.

En sus fundamentos se manifiesta que se basa en el crecimiento constante de la ciudad, integración de nuevas tecnologías de la información y comunicación, mejorar el acceso a la información y a la participación ciudadana.

Uno de los interrogantes es, si para mejorar lo mencionado es necesario promover una nueva estructura y organización, a escasos meses de comenzar una nueva gestión municipal? Cuando en realidad esos aspectos del fundamento podrían haberse solucionado de manera eficaz durante estos 16 años de gobierno.

Es entonces donde aparecen las dudas sobre los verdaderos objetivos y propósitos de lo que será tratado este jueves en el Concejo. Se abre ya otro interrogante por parte de diferentes sectores de la comunidad que creen puede ser “medidas a medida”.

Es por todos conocido los compromisos con funcionarios o empleados militantes que seguramente no esperaban un histórico tercer lugar en las elecciones de junio y que, frente a la actual realidad, quedarían sin funciones, cargos o empleos en el sector público municipal. No son pocos los pedidos, para asignar a manera de recompensa, que se premie la militancia.

El proyecto de ordenanza no menciona que la elección de los cargos que se proponen sea por concurso de títulos, antecedentes y oposición, por el contrario, establece que es el Intendente quien elige con acuerdo del Concejo a Jueces, Secretarios Letrados y Secretarios Administrativos.

Respecto a dichos cargos, el proyecto establece dos jueces que deberán tener más de 30 años, 2 años de título y 2 años de residencia en la ciudad. En cuanto a secretarios o secretarias letrados deben tener más de 26 años, 2 años de título y 2 años de residencia, como mínimos.

En cuanto a las remuneraciones, los jueces no podrán percibir menos que un secretario del ejecutivo, y además establece que los secretarios letrados pasan a planta permanente municipal con la máxima categoría, la número 24.

Un proyecto que pareciera no atender las verdaderas necesidades ciudadanas, ya que los argumentos que lo fundamentan podrían abordarse desde la provisión de las herramientas tecnológicas necesarias y personal suficiente, sin un cambio total de la estructura.

Es por los endebles fundamentos técnicos  y las características del mecanismo de selección de jueces, secretarios letrados y administrativos, que muchos sostienen que sería un mero mecanismo legal  para saldar algunas deudas internas partidarias de una gestión que no tenía en sus planes una derrota electoral y que no le alcanza el tiempo para acomodar una ordenada retirada que Malagueño merece.

Si este jueves es aprobada en el Concejo (con mayoría oficialista), será cuestión de esperar las designaciones para poder comprender o dilucidar si se trata de una utilización discrecional del poder a beneficio personal para que algunos puedan continuar en funciones públicas, sin dar lugar a una transparente selección como corresponde o es, al menos, una inoportuna medida a pocos días de dejar el gobierno.

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